Revista Praxis Nº 2 Caramelo Envenado

CARAMELO ENVENENADO

Prof. Arturo Portilla Valdivia[1]

La costosa propaganda mediática del Gobierno respecto a los nuevos sueldos del magisterio, es sin duda impactante y a primera vista sería una locura oponerse a ganar 4,066 soles; el Gobierno está presentando su propuesta cual caramelo que pueda endulzar amarguras históricas, sin embargo no lo es tal; al contrario su esencia está envenenada y solo la presentación es la que está “acaramelada” solo para atraer a los profesionales de la educación a la nueva Carrera Publica Magisterial (CPM) aprobada sin el consenso necesario.

Lo que pretendería una vez más el Ministro de Educación, es llevar a cabo su proterva intención: soslayar un esfuerzo serio por lograr la calidad y equidad educativas, así como hacer escarnio del magisterio, desprestigiándolo y alentar con ello el despoblamiento creciente de la escuela pública favoreciendo así a la escuela privada, que salvo honrosas excepciones, simplemente le interesa el aspecto crematístico del “negocio”, a costa de la insultante explotación de miles de profesores(as).

En principio, estamos de acuerdo en que los maestros debemos ser evaluados periódicamente en nuestro desempeño y no solo los docentes sino todos los profesionales; es el signo de los tiempos: profesional que no se actualiza y actúa en consecuencia con las demandas académicas y sociales, queda anclado en su obsolescencia, convirtiéndose prácticamente en un cadáver académico y social; por lo tanto sin las capacidades que exigen los vertiginosos desafíos del cambio.

También estamos de acuerdo con la existencia de una Carrera Pública Magisterial (CPM), que estimule la permanente actualización y mejores sueldos a los docentes que muestren desempeño docente de calidad en el área en la que se desenvuelven, privilegiando el espacio maravilloso donde se realiza el proceso enseñanza aprendizaje: el aula, la institución educativa. Ello pasa por considerar al maestro no como un mero ejecutor, sino como un actor reflexivo y creativo.

En lo que no concordamos, es que dando noticias aisladas y sesgadas respecto a la evaluación docente, se pretenda cubrir los gruesos errores del Gobierno al intentar implementar la Carrera Pública Magisterial, cuya Ley se aprobó de la manera menos adecuada. No se necesita estar actualizado ni pertenecer al tercio superior, u obtener una subjetiva nota de 14, para darse cuenta de que lo que empieza mal, termina peor.

El Gobierno simplemente pretende quedarse en lo que mejor sabe: en la retórica y en quebrar la dignidad del maestro; pues tal como se han desarrollado los acontecimientos respecto a la Carrera Pública Magisterial, parecería que es el propio MINEDU que no quiere una auténtica y justa CPM, tampoco desearía mejorar la calidad educativa, menos acabar con las inequidades y para ello desvirtúa la necesaria evaluación del desempeño profesional del docente, implementando tercamente una prueba nacional eliminatoria que de ninguna manera evalúa tal desempeño y por tanto está desvinculada de la esencia de la calidad educativa.

Recientemente, se ha promulgado una serie de normas y se ha fijado diez largos años para que los profesores nombrados se “incorporen” a la nueva CPM en las áreas de gestión pedagógica y gestión institucional (el área de investigación queda soslayada), sin la garantía que se cumpla debido a la débil concertación que sustentó la promulgación de la Ley 29062, dizque “incorporando” cada año el magro 10 % de docentes que actualmente pertenecen a la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212.
Se ha diseñado una primera etapa eliminatoria con una prueba nacional que para aprobarla se deberá obtener la subjetiva nota de 14 (¿por qué no 11, 15 o 13?). En la segunda fase la nota aprobatoria será de 11; es decir que en un mismo proceso existen parámetros distintos para “aprobar”.
Al parecer, la nota de 14 sirve para eliminar a la mayor parte; ya lo demostraron al no poder frenar legalmente la proliferación de institutos superiores pedagógicos por que la Constitución Política de carácter neoliberal no lo permite y tampoco el mercado lograba regular el “negocio”; entonces tuvo que intervenir el Estado imponiendo el calificativo de 14 para los alumnos postulantes a los institutos superiores pedagógicos, sin importar la vocación docente; con ello lograron cerrar decenas de ellos, por falta de “ingresantes”.
La prueba que se aplicará como eliminatoria el 14 de junio, no logrará determinar el desempeño en las aulas, menos podrá acreditar las capacidades y competencias del profesional en la educación; no evalúa la esencia, el alma del maestro, su vocación, su compromiso y su capacidad docente en función al contexto donde se desenvuelve; lo que es peor, al estar supeditadas las plazas a 20 000, es posible que la complejidad de la prueba eliminatoria esté en función de la cantidad de profesores inscritos.

Por otro lado el proceso para incorporar a los profesores nombrados, no considera en ninguna de sus dos fases “los resultados del aprendizaje de los estudiantes” (Art. 8.1 del DS 003-2008-ED), que tendría que hacerse comparando la diferencia entre una evaluación “de entrada” y una evaluación “de salida”; hasta la fecha no implementada.

Colegimos pues que el principal objetivo no es aumentar la calidad educativa, sino excluir a la mayor cantidad de docentes, a los que previamente se aseguraron de insultarlos, agraviarlos y hacer creer a la población en general, que el único culpable de la mala calidad de nuestra educación es el maestro; sin reconocer, por ejemplo que el Estado peruano en plena etapa de bonanza económica, dedicó (y continua haciéndolo) un promedio anual de menos de mil soles por estudiante; mientras nuestro vecino del sur, destina 1,500 dólares por alumno; evidenciando así la nula voluntad política por efectuar una profunda transformación de la educación.

El menosprecio por el desempeño docente se constata si nos fijamos en los puntajes asignados en el proceso que se avecina, por ejemplo para ingresar al 2do y 3er nivel magisterial, en la evaluación de la primera fase eliminatoria se considera Habilidades comunicativas (30 puntos), Habilidades lógico-matemáticas (20), Conocimientos pedagógicos generales y específicos (50 puntos); en la segunda fase, a la prueba de idoneidad se le confiere un valor de 60 puntos sobre 100; en ambos casos se ha considerado la aplicación de sendas pruebas escritas formuladas a nivel nacional.

Sin embargo para la evaluación del desempeño docente sólo se le asigna 10 puntos sobre 100, de los cuales por ejemplo, se otorga un centésimo (1 punto) al docente que “trata con amabilidad y respeto a sus alumnos”, similar despreciable puntaje se asigna al profesor que “es respetado por sus alumnos y colegas”.

El mensaje es claro, se pretende contar con maestros que sean expertos en memorizar contenidos, que los maestros se preparen para aprobar exámenes mal formulados; pues en el fondo se pretende afectar la dignidad del magisterio, fortalecer paradigmas pasados convirtiendo a los maestros en meros ejecutores, trasmisores de conocimientos generados por otros; soslayando considerar al profesional de la educación como un actor social central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que reflexione críticamente sobre su práctica, con alto compromiso social producto de una adecuado cultivo de su vocación, la cual no es considerada ni para el ingreso a las entidades formadoras, menos para el ingreso y asenso a la CPM. .
Ante la agresiva campaña mediática del gobierno en torno al tema, la comunidad en general debe saber que los profesores no nos negamos a ser evaluados, el rechazo es a la forma en que quiere hacerse, por ello decimos: SI a la evaluación del desempeño, pero así NO; el magisterio dice SI a una CPM, pero No a costa de sacrificar derechos; SI a un pago diferencial de acuerdo al desempeño profesional, pero sin olvidar los reajustes periódicos por costo de vida; SI a la evaluación de desempeño docente, pero NO para perfeccionar un sistema que niega el derecho a la educación de calidad.
Una justa CPM debería combinar sabiamente incrementos salariales por el costo de vida y los méritos profesionales, estimulando al docente de mejor desempeño para que acceda a la posibilidad de ganar el máximo sueldo, y éste no sea reservado para funcionarios o miembros de la plana jerárquica de las instituciones educativas (solo ellos pueden tener 40 horas); sino que también los buenos docentes laborando en sus aulas, haciendo sistematización de su práctica, innovando su accionar, puedan también tener la oportunidad de acceder al máximo nivel remunerativo; situación negada por la nueva CPM.

La Ley 29062 y normas relacionadas, tienen sin duda algunos aspectos positivos, sin embargo se percibe que la verdadera intensión del Gobierno fue y es maltratar al docente, no hay otra explicación para que en una Ley que se supone debe favorecer al magisterio y a la calidad de la educación; se conculque derechos ya ganados en la Ley del Profesorado N° 20029 como: “percibir una remuneración justa y reajustable con el costo de vida” (art. 13b ); recorte de subsidios, gratificaciones, asignaciones; la disminución por la bonificación por tiempo de servicios; apoyo para vivienda propia, descuento por sindicato; recorte de monto por subsidio por luto al fallecer cónyuge, padre o madre, etc.

Por ello el Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú, Prof. Carlos Gallardo interpuso recurso de inconstitucionalidad contra Ley N. º 29062 (otras organizaciones también lo hicieron); lamentablemente para el Colegio de Profesores y para el magisterio nacional, el 19 del mes de setiembre de 2008, el Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso iniciado por nuestra Orden Profesional.

Nos queda recurrir a los tribunales internacionales, pero el camino es largo y costoso; por lo que la Ley en cuestión está en plena vigencia, con más desaciertos que aciertos; por tanto, contra viento y marea el MINEDU aplicará el 14 de junio un “prueba nacional” seguramente mal elaborada como la evaluación censal del 8 de febrero del 2008, con similares resultados a los conocidos por todos.

Recordemos que el apresuramiento y la improvisación hicieron que la prueba aplicada en el 2008, sea objeto de críticas contundentes por su mala formulación demostradas palmariamente por diversos especialistas e instituciones, entre ellas el Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana a través de un estudio de la Fundación Qatari, en la que se identificó más de 20 preguntas erradas y que indudablemente afectaron los resultados por todos conocidos.

Aunado a lo anterior, el ambiente en el que se dará el proceso en los próximos meses no tienen la suficiente confiabilidad y transparencia, pues fue el propio Gobierno quien se encargó de sembrar un clima desconfianza al empezar con denuestos su campaña contra el magisterio; siguió la aplicación de una prueba mal formulada en la evaluación censal, cuyas claves de respuestas hasta la fecha no son publicados por el MINEDU y tampoco los profesores han recibido la información pertinente sobre los resultados de su particular “desempeño”; recientemente se constató el abuso de disminuir los sueldos a los profesores contratados; y para colmo el 30 de abril pasado (seguramente por la poca cantidad de inscritos), se promulga la RM 00114-2009-ED en la que se amplía la postulación a la CPM a los profesores interinos y se exceptúa “por única vez” a los profesores postulantes el requisito de la colegiatura. ¿Es sensato, es legal, modificar una norma de mayor jerarquía (Ley 29062), con una Resolución Ministerial?

Es lamentable que una vez más triunfe la imprevisión, el inadecuado manejo del poder y la falta de voluntad política para hacer un cambio sustantivo de nuestra trágica realidad educativa; en su lugar, se prefiere, en el caso de los docentes, privilegiar la acumulación de conocimientos y la habilidad para responder a exámenes, como criterio fundamental para descartar a un docente; minimizando la calidad del desempeño.
En lugar de dulces rimbombantes anuncios de sueldos de S/. 4066, que solo beneficiarían al 5 % del magisterio y que mediatizan el incremento salarial por el incremento del costo de vida; necesitamos un sistema de evaluación de la calidad, donde lo primero que debió hacerse fue elaborar los respectivos estándares de desempeño (lo cual aún no se tiene); formular claros estándares de contenido (qué debe enseñar el profesor, qué debe aprender el estudiante) y estándares de oportunidades para aprender (condiciones mínimas que deben poseer las instituciones educativas para generar aprendizajes de calidad).

Como parte de ese sistema, la evaluación de los profesionales de la educación, debe ser “…un proceso integral, permanente, participativo, confiable y transparente que permite valorar sistemáticamente la calidad personal, social y profesional del profesor teniendo en cuenta el contexto, antecedentes profesionales, capacidades, desempeño, superación profesional, méritos y los resultados del aprendizaje de los estudiantes” (Art. 8.1 del DS 003-2008-ED), interesante definición que lamentablemente no se materializa.

La Carrera Pública Magisterial, debería ser parte de un plan global orientado a una profunda transformación de la educación, como parte de la construcción de un país auténticamente democrático; sin embargo el Gobierno está desaprovechando la oportunidad de impulsar un cambio radical de la educación; pues sus medidas son improvisadas, aisladas y verticales sin llegar a constituir verdaderas Políticas de Estado y sin siquiera cumplir con las aprobadas en el Acuerdo Nacional, donde se establece incrementar anualmente el presupuesto del sector educación en 0,25 % del PBI hasta llegar al 6 % del PBI (Décimo Segunda Política de Estado); por el contrario, se limita a aplicar desarticuladas políticas de gobierno que tratan de perfeccionar un modelo socioeconómico que concibe a la educación como mercancía y no como derecho.

[1] Doctor en Educación, Docente de la U.N.S.A., Decano Regional del Colegio de Profesores-Arequipa, Ex Presidente del CEDER, Ex Presidente del NER Aqp.